Retos jurídicos en la era digital

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El mundo ha cambiado y seguirá cambiando. Haciendo un ligero repaso en nuestra reciente historia, durante estos dos últimos siglos hemos tenido las tres grandes revoluciones industriales, con las consecuencias económicas, empresariales y laborales que cualquier avance provoca. Y en cada una de dichas revoluciones, el mundo ha tenido que adaptarse para sobrevivir a ellas.

La primera revolución industrial se caracterizó por las innovaciones mecánicas, figurando como principal avance la máquina de vapor. La segunda sin embargo se caracterizó por la electrificación, siendo las principales fuentes de energías el petróleo y la electricidad, provocando la producción en masa. La tercera revolución industrial, comenzada hace 30 años ya, es también conocida como la revolución tecnológica, figurando como principales avances la aparición de los ordenadores y de internet. Y ésta última revolución en la que estamos inmersos, se caracteriza por la digitalización y la conectividad.

¿Pero en qué se diferencia esta nueva revolución con las anteriores? En su carácter disruptivo, ya que está cambiando las reglas del juego en múltiples ámbitos. Como decía anteriormente, es la era de la conectividad, donde las barrares físicas y digitales son cada vez más confusas y en la que el consumidor está siempre conectado. Como principales avances encontramos la robótica, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el big data, la economía colaborativa, el fintech, etc.

Los desarrollos digitales están permitiendo la mayor conectividad de las personas, a través de las <<redes sociales>> y las famosas <<apps>> (aplicaciones móviles de páginas web que permiten un uso mucho más sencillo y rápido desde dispositivos móviles), ya que con las primeras puedes compartir en tiempo real lo que estás haciendo, y por tanto muestras al mundo digital tus intereses. Y con las segundas realizas transacciones en tiempo real, entre particulares o profesionales, cediendo en todo caso tu información personal a las plataformas digitales. Por tanto, en ambos casos el usuario se convierte en un consumidor potencial, siendo la moneda de cambio de la gratuidad de los servicios la transmisión de la información personal. Este es el verdadero precio que pagamos. Luego se está comercializando con nuestra información personal.

Y es que existe una falta de toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado. Los usuarios hacen completamente públicos datos y características personales que en ningún caso expondrían en la vida cotidiana. Así, los datos personales pueden ser utilizados por terceros usuarios malintencionados de forma ilícita.

Por todo ello, la Unión Europea ha publicado el Reglamento 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, siendo obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable a los estados miembros. Su aplicación resultará a partir del 25 de mayo de 2018.

La digitalización también ha traído un nuevo modelo empresarial, la denominada <<economía colaborativa>>, que según ha sido definida por la Comisión Europea en su reciente Comunicado del 2 de junio, el término se refiere a “modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares”.

Es sin duda un nuevo modelo de negocio empresarial que potencia significativamente el crecimiento de la Unión Europea, pero debiéndose realizar de manera responsable. Y es que según los datos proporcionados por la Comisión Europea, se estimó que en 2015 los ingresos brutos de plataformas y proveedores colaborativos en la UE ascendió a 28.000 millones de euros. Es decir, los ingresos de la UE en cinco sectores clave casi se duplicaron en comparación con el año anterior y está previsto que sigan expandiéndose con fuerza. Algunos expertos consideran que en el futuro la economía colaborativa podría representar para la economía de la UE un aumento de entre 160.000 y 572.000 millones de euros. Existe, por lo tanto, un gran potencial.

Es por ello que ante la acelerada expansión de este nuevo modelo de negocio, los estados miembros han presionado a la Unión Europea para que se pronuncie respecto a su legalidad y la manera en que deben ser reguladas para proteger los intereses generales de los ciudadanos, tanto de los usuarios como de los trabajadores que prestan sus servicios a estas plataformas. Y es que el mayor problema que nos encontramos es la inseguridad jurídica existente en el entorno colaborativo.

Así, la Comisión diferencia tres categorías de agentes que participan:

  1. Prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias —pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera ocasional («pares») o prestadores de servicios que actúen a título profesional («prestadores de servicios profesionales»)
  2. Usuarios de dichos servicios.
  3. Intermediarios que —a través de una plataforma en línea— conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos («plataformas colaborativas»). Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro.

El concepto de usuario no conlleva mayor dificultad de compresión. Sin embargo, sí que es importante la distinción que hace la Comisión respecto al prestador de servicios –profesional-, y al intermediario digital –a través de las plataformas colaborativas-. La consecuencia es muy significativa, ya que la Comisión concluye que a las plataformas colaborativas que proporcionen un “servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un prestatario de servicios, ofrecen un servicio de la sociedad de la información. Por lo tanto, no pueden estar sujetas a autorizaciones previas o cualquier requisito equivalente dirigidos específica y exclusivamente a dichos servicios”. Es decir, no se encuadran en la normativa sectorial del servicio, sino que quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Por otro lado, la Comisión aprecia que como norma general, los prestadores de servicios profesionales tampoco deben estar sujetos a la normativa sectorial del servicio que prestan (tales como regímenes de autorización y requisitos para la concesión de licencias), “salvo que no sean discriminatorios, sean necesarios para alcanzar un objetivo de interés público claramente identificado y sean proporcionados a dicho objetivo (es decir, que se limiten a lo estrictamente necesario)”. Con todas la consecuencias que esto supone para la realización de la actividad, sobre todo en relación con las denominadas barreras de entrada en determinados sectores que implican un importante gasto económico para su realización, la Comisión no ha delimitado con exactitud en qué casos los servicios prestados se regularan por la normativa sectorial y en cuales no.

Por todo lo anterior es palpable la ambigüedad con la que la Comisión ha tratado la materia, ya que si bien es necesario establecer un marco jurídico que establezca las reglas de juego mínimas que deben ser cumplidas para proteger los intereses de los ciudadanos, más necesario es que dicho marco jurídico sea claro y flexible para aumentar la competitividad y la productividad en la Unión Europea.

Concluyendo, los cambios sociales y la transformación digital ha dado lugar a un cambio en el modelo de negocio. Es un hecho que los avances tecnológicos progresan con mayor rapidez que la legislación, siendo necesaria la aparición de situaciones jurídicamente censurables para que el legislador actúe.

Actualmente el debate se centra en crear un marco jurídico estricto o flexible, teniendo como premisa salvaguardar los intereses de los ciudadanos, tanto a nivel particular como laboral, y evitar situaciones de competencia desleal en los sectores afectados. La Unión Europea ha hecho un intento de establecer unas directrices básicas y comunes para todos los estados miembros –mediante el Comunicado de la Comisión Europea comentado en líneas anteriores-, pero su ambigüedad y falta de precisión no sirve de gran ayuda. Sin embargo, en materia de privacidad y protección de datos (otra de los retos jurídicos que esta nueva era trae), ya ha sido legislado con claridad y dureza, ya que era necesario poner límites a la comercialización de nuestra información personal, sin olvidar que los máximos responsables somos los propios usuarios, debiendo ser más cautos y debiendo tomar conciencia de la cantidad de datos que estamos proporcionando al mundo digital, y las graves consecuencias que puede provocarnos por el uso malintencionado de un tercero.

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