El derecho de desistimiento

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Qué es el derecho de desistimiento

El derecho de desistimiento viene regulado en los art. 68 a 79 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU en adelante).

El art. 68 de la citada norma lo define como la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado (…)”. Es decir, es una herramienta jurídica que la ley nos ofrece para volver al estado anterior a la realización de la compra del bien o servicio.

Es importante saber que el consumidor no deberá justificar la decisión de desistir y que el empresario no podrá imponer una penalización por el desistimiento ejercitado.

Pero no cualquier persona puede ejercitarlo. Tampoco de cualquier manera. Erróneamente se viene generalizando el pensamiento popular de que siempre vamos a tener el derecho a la “devolución” del producto o servicio contratado. Con el presente artículo, se pretende informar de una manera clara y sencilla quienes tienen reconocido este derecho y qué condiciones deben darse para poder ejercitarlo.

Quién puede ejercitarlo

Sólo pueden ejercitarlo los consumidores y usuarios, que según la definición otorgada por la ley en su art. 3, “serán consumidores y usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”. Dicho de otra manera, es la persona física que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación de terceros.

De manera que, si cualquiera de nosotros realizamos una compra de un producto o un servicio en nuestro ámbito doméstico (por ejemplo, la compra de un teléfono móvil o la contratación de un servicio de internet para uso personal), estaremos amparados por la normativa en materia de protección de consumidores y usuarios, por tanto y en principio, podríamos ser sujetos beneficiarios del derecho de desistimiento reconocido en la citada ley. 

Ahora bien, ¿qué ocurre con los autónomos que realizan compras o contratan servicios? ¿por tener la categorización de autónomos ya no se ven protegidos por el TRLGDCU? En estos casos habrá que acreditar que las compras realizadas han sido destinadas para su ámbito doméstico y personal, no dirigidas a su actividad comercial, económica o profesional. Por ejemplo, un médico que se compra un ordenador, ¿estaría amparado bajo esta normativa? Dependerá del uso que haga del ordenador. Todo esto debe ser debidamente valorado, ponderado y acreditado frente al empresario en caso de pretender ejercitar el derecho de desistimiento.  

Cómo ejercitarlo

La ley establece dos requisitos para ejercitar el derecho de desistimiento:

  1. Notificarlo al empresario.
  2. Dentro del plazo establecido, que será como mínimo de 14 días naturales.

En relación con estos requisitos, resulta importante realizar las siguientes apreciaciones y recomendaciones.

En cuanto a la notificación, se recomienda que se realice mediante un medio fehaciente porque, a pesar de no exigirlo la norma, y además indicar expresamente el art. 70 del TRLGDCU que el ejercicio del derecho de desistimiento no está sujeto a formalidad alguna, quien debe probar que ha ejercido el desistimiento en plazo es el propio consumidor (art. 72 TRLGDCU), por lo que se recomienda utilizar un medio que acredite fehacientemente la remisión y recepción del ejercicio del derecho. Un ejemplo sería a través de un burofax.

Y respecto al cómputo del plazo, éste comenzará desde la recepción del bien o desde la celebración del contrato si el objeto fuera la prestación de un servicio, pero solo en los casos en los que el empresario haya cumplido con el deber de información y documentación legalmente establecido. En caso contrario, es decir, si el empresario no ha cumplido con el deber de información y documentación, el plazo para ejercitar el derecho finalizará 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato de prestación de servicios.

Limites y excepciones

El art. 68.2 del TRLGCU es meridianamente claro cuando establece que “El consumidor solo tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así lo reconozca la oferta, promoción o publicidad o en el propio contrato. Es decir, el derecho de desistimiento no es un derecho general del consumidor. Solo existirá en los casos en los que una ley lo reconozca o se indique en el contrato o información publicitaria previa.

Esto es así porque la finalidad que tiene el derecho de desistimiento es proteger determinadas circunstancias que puedan producirse en el momento de la celebración del contrato y que puedan llevar aparejadas técnicas agresivas de los vendedores cuyo objetivo sea propiciar la multiplicidad de contrataciones inútiles o dispendiosas. Este es el caso de los contratos celebrados a distancia y los celebrados fuera del establecimiento mercantil.

Conforme la definición otorgada por el art. 92 del TRLGDCU, los contratos celebrados a distancia son los “contratos celebrados en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo”. Un ejemplo práctico de estos contratos son las compras realizadas a través de internet.

Pero aún siendo consumidores y celebrando un contrato a distancia o fuera de establecimiento mercantil, no en todas las compras se puede ejercitar el derecho de desistimiento. Por ejemplo, el derecho de desistimiento no podrá ejercitarse en el suministro de bienes confeccionados conforme a especificaciones claramente personalizadas, en el suministro de bienes que pueden deteriorarse o caducar con rapidez y en el suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega, entre otros. Puede consultarse la lista completa en el art. 103 del TRLGDCU. 

Además, hay que poner de manifiesto que existen una serie de derechos y obligaciones tanto del empresario como del consumidor en caso de desistimiento en la celebración de un contrato a distancia o fuera de establecimiento mercantil que se encuentran regulados en los arts. 107 y 108 del TRLGDCU. Asimismo, existen especificaciones en cuanto al plazo, ejercicio y efectos que, aún respetando la generalidad indicada en líneas anteriores, los arts. 104 a 106 TRLGDCU profundizan con mayor detalle cómo debe ejercitarse y los efectos que tiene desistir en contratos de esta tipología.

Conclusión

Solo las personas físicas tienen reconocido el derecho de desistimiento, pero no de manera generalizada en todas las compras realizada o prestaciones de servicios contratados. Hay que evaluar el tipo de contrato celebrado, las partes contratantes, la finalidad de la contratación y el tipo de bien o servicio contratado, para determinar si la persona física que adquiere el bien o contrata el servicio tiene reconocido el derecho de desistimiento.

La realidad es que muchas empresas no atienden a los desistimientos ejercitados, en algunas ocasiones porque no están obligados y en otras porque no quieren otorgar al consumidor su derecho. En este ultimo caso se recomienda acudir al asesoramiento de un profesional jurídico en la materia para defender tus derechos. Desde Valmart Abogados estaremos encantados de poder ayudarte.

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