Cláusulas suelo: el panorama actual tras el último informe del abogado del TJUE

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Como sabéis, el pasado 13 de julio de 2016, el Sr. PAOLO MENGOZZI, abogado general asignado en la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante (asuntos acumulados C154/15, C307/15 y C308/15), emitió un informe respecto a la consulta planteada en materia de validez de la limitación en el tiempo de la nulidad de las cláusulas suelo que el Tribunal Supremo ha declarado en sus recientes sentencias.

En nuestro ordenamiento jurídico, el texto refundido por el que se aprueba la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , en su art. 83 dispone que “las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas”. Por su parte, el Código Civil en su art. 1303, establece que “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”. Por lo que el ordenamiento jurídico español dispone una nulidad ab initio. No obstante, el Tribunal Supremo declaró que dadas las circunstancias que acontecían en nuestro país, la nulidad sólo surtiría efectos a partir de la primera sentencia dictada en esta materia, es decir, desde el pasado 9 de mayo de 2013, limitando los efectos temporales de la declaración de nulidad.

La jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido asentada gracias a la sentencia anterior de 9 de mayo de 2013,la sentencia de 25 de marzo y de 29 de abril de 2015, declarando que la retroactividad podía limitarse en aplicación de los principios de seguridad jurídica, equidad y prohibición de enriquecimiento injusto y verificó el cumplimiento de los dos criterios exigidos por el Tribunal de Justicia cuando se le solicita que limite los efectos en el tiempo de sus propias sentencias; esto es, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves. Todo ello encontrando su justificación en la “dimensión endémica del problema”, es decir, la crisis económica y financiera por la que está atravesando el país, y las graves consecuencias macroeconómicas que supondría declarar la restitución de los intereses abonados desde el inicio de la celebración del préstamo. Y todo ello, insisto, a pesar de que el principio que impera en nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad “ab initio”, es decir, nulidad sin restricción temporal (art. 1303 del CC).

Llegados a este punto es necesario recordar cuál es la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros y garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE.

Teniendo esto en cuenta, y en virtud del art. 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, el TJUE ha confirmado que los tribunales nacionales deben “deducir todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de ello, a fin de evitar que las mencionadas cláusulas vinculen al consumidor”, sin realizar mayor precisión en cuanto al modo en que los ordenamientos jurídicos nacionales deban configurar la falta de fuerza vinculante de la cláusula abusiva. Por lo tanto, a pesar de no ser vinculante para el TJUE el informe emitido por el Abogado General, pero teniendo en cuenta prácticas anteriores, podemos concluir cuál será el pronunciamiento del tribunal.

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